De la investigación quedó claro que una de las diversas causas de este problema era la “atipicidad” de estas acciones, es decir, la inexistencia de normas penales que previeran estas conductas como delito. Esta carencia ponía en graves aprietos a los órganos de investigación penal -que se veían impotentes para emprender acciones penales- a pesar de las numerosas denuncias de ciudadanos afectados que exigían una respuesta de las autoridades ante estas nuevas formas de fraude.

Dentro de los distintos organismos invitados, la Asociación Bancaria de Venezuela ofreció la adopción de una serie de medidas por parte de sus afiliados para perfeccionar los medios electrónicos de pago. Ello supuso el reforzamiento de las barreras de seguridad en toda la red de sistemas que usan tecnologías de información en el sistema financiero en general y en cada institución en particular. También significó el compromiso de reforzar los controles internos con el objeto de prevenir la infidelidad del personal que maneja información privilegiada. Por último, ante el problema de la “atipicidad” -ausencia de normas penales que sancionaran estas nuevas conductas lesivas a la propiedad de las personas- la Asociación Bancaria patrocinó la realización de un estudio para determinar la viabilidad de crear nuevos “tipos” penales a través de una ley que persiguiera el fraude electrónico y los fraudes con tarjetas.

Nos correspondió abordar ese estudio mediante una investigación de derecho comparado que recogió la experiencia de más de veinte países en torno a la adaptación de su derecho interno –tanto regulatorio como sancionatorio- a los cambios generados con motivo de la irrupción de las tecnologías de información en muchos de sus ámbitos, así como también en cuanto al grado de acatamiento de las regulaciones internacionales por parte de otros países incluido el manejo arbitral de los conflictos. Igualmente revisamos las tendencias previsibles de las herramientas tecnológicas en uso para los cinco años siguientes y, finalmente, iniciamos la búsqueda de una identificación clara de lo que podía definirse y encuadrarse como delito informático.

En el proyecto me acompañó la brillante abogada y profesora universitaria Magaly Vásquez González y, como asistentes, los abogados Anabella Carvallo y Andrés Carmona. También contamos con la asesoría de varios ingenieros expertos en seguridad informática y de las telecomunicaciones: Milton Chávez –informática forense-, Kirsty Barany –prevención de ataques-, Juan Carlos Aponte –Jefe de la División de Experticias Informáticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas- y Rafael Daniel Ocando –miembro del Comité Nacional de las Tecnologías de Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología y actual Superintendente de Servicios de Certificación Electrónica-.

Pudimos percatarnos de que los fraudes electrónicos y con tarjetas, temas que constituían el objetivo inicial del proyecto, eran sólo una de las múltiples manifestaciones perniciosas en este campo y que una ley penal debía recoger y “tipificar” muchas otras conductas lesivas de bienes jurídicos importantes. Es así que el acceso indebido a sistemas que usen TI, el sabotaje de los sistemas, el espionaje informático, la falsificación de documentos electrónicos, las violaciones a la privacidad, la pornografía infantil, la oferta engañosa on-line, entre otros, constituían acciones tan dañinas como las que dieron origen a la investigación emprendida por la Asamblea Nacional.

El enfoque más amplio nos permitió formular un proyecto de ley integral y completo, que resultó aprobado por unanimidad por dicho órgano legislativo y que se denominó Ley Especial contra los Delitos Informáticos, para cuya redacción debimos familiarizarnos con muchas manifestaciones de la sociedad del conocimiento que nos develaron el verdadero impacto de las tecnologías de información en todas las actividades del hombre y la manera como la revolución tecnológica ha modificado los línderos de lo jurídico al punto de que está obligando al Derecho a reinventarse.

Así como la necesidad de comprender el significado de la revolución tecnológica era vital para concebir un proyecto de ley que tuviera verdadera utilidad práctica, toda esa experiencia también resulta fundamental para que los abogados podamos insertarnos dentro de la era de la información y contribuir con esa “reinvención” de lo jurídico en función de los nuevos paradigmas. Por ello, a través de este sitio pretendo ir compartiendo paulatinamente con ustedes los hallazgos que hizo nuestro equipo jurídico en el tránsito hacia ese mundo nuevo cuyas posibilidades apenas comienzan a descubrirse.

Beatriz Di Totto Blanco
Resumen curricular

Abogada venezolana, egresada en 1977 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con diplomas de post-grado en Ciencias Penales y Criminológicas obtenido en la misma universidad (1981-83) y en Defensa y Seguridad de Estado otorgado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Curso Superior nº 19, 1989-90). En la administración pública venezolana se desempeñó como jueza relatora del Juzgado 10 de Primera Instancia en lo Penal de Caracas (1977-78), dirigió la Sala Sumarial de la Prefectura de Caracas (1979-82) y la Oficina de Asuntos Penales de la Gobernación del Distrito Federal (1982-84); en la Contraloría General de la República ocupó, sucesivamente, los cargos de Jefe de la Oficina de Recursos Jerárquicos y de Revisión (1984-86), Directora de Averiguaciones Administrativas (1986-87) y Directora Asistente del Despacho del Sub-Contralor General de la República hasta 1990, cuando renuncia para fundar el Escritorio Económico-Jurídico Petrosini, Di Totto & Asociados donde permanece actualmente. Fue asesora de la Asociación Bancaria de Venezuela (2000-2002) y de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (2000-2003). Es miembro del Consejo Editorial del Semanario Quinto Día desde su fundación, en 1996 y miembro del Comité de Apoyo de la Fundación Conciencia Activa (2004).Fue co-redactora de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de Venezuela y co-autora de los proyectos originarios de Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Distrito Metropolitano de Caracas y de su Reglamento.

Desde 1979 ha desarrollado su actividad académica en la Universidad Católica Andrés Bello donde se desempeña como Jefe de la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial en la Escuela de Derecho. También es profesora en cursos de actualización profesional y conferencista habitual en temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Desde 2001, ha orientado esta actividad al estudio y divulgación del impacto de las tecnologías de información en el campo del Derecho y la configuración del marco regulatorio de la sociedad del conocimiento. En 2002 creó el Seminario sobre Delitos Informáticos en la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas del Post-Grado de Derecho de la misma universidad. Actualmente trabaja en el proyecto de un sitio web denominado derechoinformatico.net.ve, en la red desde el 1º de noviembre de 2004, que versa acerca de los vínculos surgidos entre las tecnologías de información y el Derecho, con especial énfasis en el tema de los delitos informáticos, su prevención y sanción.